Creemos que la autoridad suprema de este reino son el Rey y el Parlamento escogido por el reino, y que estamos obligados a someternos a todas las leyes civiles que ellos han hecho y ordenado. Debemos defender a la autoridad y a todas la leyes civiles hechas por ella, con nuestra persona y nuestro patrimonio, aunque fuéramos a sufrir, por razón de conciencia, por no someternos a sus leyes eclesiásticas con las cuales no estamos de acuerdo.